Rajoy mantiene el canon digital

Años atrás, cuando el polémico canon digital levantaba ampollas en la opinión pública, tras su extensión a todo tipo de dispositivos tecnológicos –desde móviles hasta mp3– por parte del anterior Gobierno socialista, Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, manifestó en diversas ocasiones su rechazo a esta tasa que favorece injustamente los intereses de los autores en detrimento de los intereses del conjunto de la ciudadanía.

La ilegitimidad y el abuso de este sistema quedaron patentes, de una vez por todas, cuando, en 2010, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el canon digital aplicado en España era manifiestamente ilegal, ya que se cobraba de forma indiscriminada, independientemente de si dichos dispositivos y soportes se usaban o no para reproducir o almacenar contenidos protegidos bajo el paraguas de la propiedad intelectual. El referido tribunal obligaba, pues, a modificar este sistema, abriendo además la puerta a que empresas, profesionales y administraciones públicas reclamaran la devolución del canon ya pagado a las entidades de gestión de derechos de autor, cuyo máximo exponente es la ya famosa SGAE.

Pero, una vez más, parece que el Ejecutivo, ahora en manos del propio Rajoy, se decantará por los intereses económicos de los artistas. Así, lejos de eliminar por completo el famoso canon, se dispone, simplemente, a sustituirlo mediante el reparto de cuantiosas y generosas subvenciones públicas entre los autores, que se incluirán en una partida específica de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Cultura ha elaborado un borrador de real decreto que, en caso de aprobarse, cargará sobre los hombros de todos los contribuyentes el pago del odioso canon. Es decir, ya no serán los consumidores los que abonen la factura mediante la compra de dispositivos tecnológicos, CD o DVD, sino todos los españoles mediante el pago de impuestos. El Gobierno opta así por cambiar el anterior sistema, injusto y perverso, por otro aún más abusivo e indiscriminado. Muy lejos quedará, pues, ese hipócrita rechazo al canon digital expresado en su día por la cúpula del PP.

Lo más grave, si cabe, es que, además, se pretende impedir cualquier tipo de reclamación judicial para que los usuarios que pagaron el anterior canon ilegal (empresas, profesionales y administraciones públicas) soliciten la devolución de esta tasa a las entidades de gestión. Esto no sólo vulnera la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sino que perpetúa la injusticia cometida con decenas de miles de consumidores, obligados a abonar una tasa que no les correspondía pagar. De hecho, de los casi 800 millones de euros que recaudó el canon desde 2003, varias decenas de millones fueron abonadas indebidamente por las propias Administraciones públicas, con dinero de todos los españoles. Pues bien, el Gobierno prefiere ahora renunciar a la devolución de ese dinero con tal de no perjudicar al colectivo de artistas, lo cual evidencia la ausencia total del denominado “interés general”.

El trasfondo de este asunto va más allá de la aplicación de uno (canon digital) u otro sistema de cobro (impuestos para favorecer a unos pocos autores, los que máas venden). La clave radica en la propia legitimidad de la propiedad intelectual. La irrupción de nuevos dispositivos tecnológicos ha revolucionado por completo un negocio, el audiovisual, que está destinado a morir con el devenir de los tiempos. El canon es tan sólo un invento, una farsa legal para mantener los privilegios de una selecta casta, en contra de los intereses de la mayoría. El canon no debe ser sustituido; debe, simplemente, ser eliminado.

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La copia privada, el canon digital  en España

El 18 de diciembre de 2007, se empezó a aplicar el canon a las grabadoras de CD y DVD, a los MP3 y MP4, a los teléfonos móviles y a los PDA, entre otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir música,2 todo esto como resultado de un nuevo acuerdo entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (con la SGAE al frente) y ASIMELEC. Esto provocó una gran polémica al resultar evidente que estos soportes se usan con frecuencia para otros fines ajenos a la copia privada, y porque dicho acuerdo se negoció sin la participación ni presencia de consumidores y autoridades. En general, se trata de una ley impopular, interpretada por los usuarios como un intento “injusto” de compensar a las compañías discográficas del perjuicio que les supone la obtención gratuita de obras artísticas sin la obtención del lucro que legalmente les corresponde.

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Copia privada, canon digital según la SGAE 

Según la Ley de Propiedad Intelectual una obra ya divulgada puede ser reproducida sin autorización del autor cuando dicha reproducción se hace “para uso privado del copista” y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.

Por tanto, un usuario particular no tiene que solicitar autorización del autor/es de una obra musical o audiovisual cada vez que graba la misma para su propio uso, y sin que vaya a ser objeto de negocio.

Pero esta reproducción autorizada por Ley, genera una remuneración compensatoria por copia privada, que está regulada también en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual y que está destinada a compensar la pérdida de ingresos que, para los titulares de una obra musical o audiovisual genera esta posibilidad de hacer copias de las mismas para uso privado. Es obvio que cada vez que se hace una copia de un disco para uso privado, se deja de vender un ejemplar del mismo, por lo que hay que compensar de alguna manera a los titulares de las obras contenidas en el mismo, por los ingresos que dejan de percibir.

Artículos sujetos:

Están sujetos al pago de la remuneración compensatoria por copia privada todos los equipos, aparatos y materiales idóneos para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales. Ejemplos: un radio-cassette grabador, un equipo grabador de CD’s, un equipo grabador de vídeos, una cinta cassette, un videocassette, un CD-R tanto “audio” como “data”, un DVD-audio y un DVD-vídeo.

Obligados al pago:

En primer lugar, los obligados al pago son los fabricantes e importadores de los equipos, aparatos y materiales que sirven para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales. No obstante, la Ley de Propiedad Intelectual considera responsables solidarios del pago de la remuneración a los distribuidores, mayoristas y minoristas sucesivos adquirentes, si en la factura de sus proveedores no aparece desglosado el importe de la remuneración.

Liquidaciones

Los deudores principales de la remuneración compensatoria por copia privada (enlace con párrafo anterior) deben presentar, según el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual una declaración-liquidación conteniendo el número de equipos, aparatos y/o materiales sujetos al pago de la remuneración, que hayan sido vendidos durante ese periodo trimestral, haciendo constar en la declaración-liquidación las características técnicas de los citados productos objeto de liquidación.

Existe a disposición de nuestros usuarios, un formulario para facilitar la presentación de estas declaraciones-liquidaciones en el apartado ‘Qué es’ de esta área de Liquidaciones.

Plazos de presentación:

Los plazos de presentación de liquidaciones son los siguientes:

  • primer trimestre del año: del 1 al 30 de abril
  • segundo trimestre del año:del 1 al 31 de julio
  • tercer trimestre del año: del 1 al 31 de octubre
  • cuarto trimestre del año: del 1 al 31 de enero del año siguiente

Una vez recibida la liquidación en la sección de Copia Privada de SGAE, se procede a emitir las facturas correspondientes y a enviárselas al usuario para su abono, que deberá ser realizado, según la Ley de Propiedad Intelectual, dentro del mes siguiente al de la presentación de liquidaciones.

Exenciones:

La Ley de Propiedad Intelectual sólo establece dos excepciones al pago de la remuneración compensatoria por copia privada:

  • Los productores de fonogramas y videogramas
  • Las entidades de radiodifusión

En ambos casos, la exención se aplica solamente al material adquirido con destino al uso de su actividad, y siempre que cuenten con la debida autorización para llevar a cabo la reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas. Para demostrar que cuentan con esta autorización, deberán presentar a sus suministradores de material sujeto un certificado de SGAE en el que conste que cuentan con la referida autorización.

Preguntas y respuestas más frecuentes (FAQS)

Si una empresa vende 1000 cintas de vídeo, declara y abona la remuneración por copia privada y posteriormente le devuelve su cliente 500 cintas ¿Le devuelve la SGAE la remuneración declarada y abonada?

Según la Ley de Propiedad Intelectual, la obligación de declarar y abonar la remuneración compensatoria por copia privada surge en el momento de vender el material sujeto, es decir, en el momento de transmitir la propiedad del mismo. Por tanto, las entidades de gestión no tienen que devolver la remuneración abonada. Lo que debe hacer la empresa del ejemplo cuando venda esa parte de material devuelto, es no volver a declarar el canon sobre el mismo.

¿Cuáles son las obligaciones de los sucesivos adquirentes de los productos sujetos a la remuneración, es decir, de los distribuidores, mayoristas y minoristas?

  • 1) No aceptar ninguna factura en la que no aparezca desglosado el importe de la remuneración
  • 2) Hacer constar en las facturas de sus clientes, debidamente desglosado, el importe de la remuneración.

En el caso de una empresa que fabrique materiales sujetos y destine parte de ellos a la exportación ¿deberá abonar la remuneración por copia privada sobre todo el material vendido cada trimestre?

No, solamente es obligatorio el pago de la remuneración sobre los equipos, aparatos y materiales vendidos dentro del territorio español; las unidades destinadas a la exportación no están sujetas al pago de la remuneración.

¿Existe alguna otra obligación de los deudores de la remuneración por copia privada, para con la SGAE? Sí, deberán facilitar a SGAE la comprobación de las operaciones sometidas a la remuneración compensatoria por copia privada.

Dado que las facturas trimestrales se elaboran en función de las liquidaciones presentadas por los propios usuarios, es necesario la comprobación posterior de las citadas liquidaciones, así como la constatación de que se ha hecho figurar en las facturas el importe de la remuneración.

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Cultura acelera en agosto la lucha contra los sitios de enlaces a descargas

La aplicación de la llamada ‘Ley Sinde’ contra las páginas web de enlaces no descansa en verano. Y la ofensiva está ya dando sus primeros frutos, meses más tarde de aprobarse el reglamento que regula la retirada de contenidos y enlaces que, a juicio del Gobierno, facilitan la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor sin autorización.

La Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI), cuyos miembros aún permanecen en el anonimato -todas las notificaciones aparecen firmadas exclusivamente por su presidenta,María Teresa Lizaranzu-, tiene abiertos una docena de casos abiertos que, recordemos, se inician a petición de los titulares de los derechos.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura confirmaron que de los 333 expedientes recibidos contra sus correspondientes sitios web hasta el momento, 305 recibieron requerimientos para que fueran subsanados errores y 243 han sido desestimados. Asimismo, ha habido acuerdo de inicio de tramitación de procedimiento en 12 casos, y hay enviadas hasta la fecha tres propuestas de resolución, todas en agosto.

Una vez recibidas las propuestas de resolución, las partes tienen un plazo de cinco días para aportar argumentos y, a continuación, la Comisión de la Propiedad Intelectual emite su resolución definitiva, que podría ser pedir a los servidores que corten el servicio a las páginas que no retiren los contenidos infractores.

Quejas

Algunos abogados que representan a los titulares de páginas web de descargas se quejan de un procedimiento que, tal y como se está aplicando, podría dejar en la “indefensión” a las partes implicadas. Tal es el caso de David Bravo, quien afirma que durante el mes de agosto la Sección Segunda ha evitado varias propuestas de resolución contra algunas páginas cuyos titulares él mismo representa.

Bravo, que afirma haber recibido unas seis notificaciones correspondientes a otros tantos sitios web -como Bajui o Tucinecom.com-, destaca que “durante el mes de agosto ha habido una gran actividad de notificaciones por parte de Cultura, después de que la Sección Segunda llevase un tiempo inquietantemente callada”.

El lunes pasado recibió una propuesta de resolución contra Tucinecom.com, y contra ella tiene cinco días de plazo para presentar alegaciones antes de la resolución final. En esta propuesta se solicita al prestador de servicios la retirada de contenidos en un plazo de 24 horas, y se da un plazo de 72 horas al sitio web de enlaces, como “intermediario”, para la retirada de dicho enlace.

Agosto

Otro abogado, Carlos Sánchez Almeida, confirma este incremento de actividad por parte de la Sección Segunda de la CPI en el mes de agosto.“Parece que están actuando en agosto, mes tradicionalmente de vacaciones, para acelerar las notificaciones”, comenta. De esta forma, por ejemplo, el sitio Quedelibros.com también ha recibido la propuesta de resolución de la Sección Segunda también el pasado lunes, 20 de agosto, a raíz de una solicitud de CEDRO.

Lo curioso de este caso es que en el expediente se afirma que las obras están alojadas en el sitio Linksole.com, que no es otra cosa que un acortador de URL, es decir, un servicio que automáticamente hace más cortos los enlaces o ‘links’. La propuesta de resolución exige la retirada en 24 horas de los contenidos notificados (varias obras como ‘La sombra del viento’ de Carlos Ruiz Zafón o ‘Veganza en Sevilla’, de Matilde Asensi, entre otras) de Linksole.com. A Quedelibros.com le da 72 horas para eliminar los enlaces a dichas obras.

“La verdad es que no sabemos quién recibe las alegaciones que enviamos en nombre de nuestros clientes, porque los componentes de la sección Segunda siguen siendo un misterio“, afirma Bravo, que sostiene la importancia de este extremo. “Desconocemos sin se trata de juristas o de técnicos que saben de lo que se trata”, comenta, y añade que las notificaciones “ignoran las aportaciones, los argumentos y las alegaciones de la defensa, repiten una y otra vez lo mismo”

Los miembros de la Sección Segunda

Recuerda Bravo además que sin conocer la identidad de los miembros de dicha Sección Segunda no puede plantearse la posibilidad de una recusación, tal y como la ley concede (art. 35 de la Ley 20/92), si se demuestra que alguno de ellos tiene intereses o relación con el mundo editorial o discográfico. “Tengo la sensación de que el procedimiento es una comparsa, que está todo decidido de antemano”, concluye.

En cualquier caso, Bravo recuerda que la verdadera prueba de fuego de la ‘Ley Sinde’ llegará cuando se dé el primer caso de un sitio cuyo contenido no sea alimentado por el ‘webmaster’ sino por una colectividad de usuarios, “como sucede en los foros o en los sitios tipo YouTube o Meneamé”. El procedimiento prevé, en caso de resolución contra el sitio web, que se eliminen los contenidos y enlaces infractores en el presente y en el futuro. “Controlar ‘a priori’ el comportamiento de los usuarios es imposible, tal y como ya reconocen el Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE, así que a ver cómo encaja todo esto”, concluyó.

No sólo la Sección Segunda ha trabajado sin descanso bajo el sol de agosto. También el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, ha actuado contra al menos dos sitios web de enlaces a descargas, Cinetube.es y SeriesPepito.com, contra las que se ha dictado -también en agosto- una propuesta de resolución con multas de 3.500 euros por falta leve al “no dar a conocer al público la calificación por grupo de edades de las películas que figuraban publicitadas en su menú por categorías”. La defensa recurrirá la multa de llegar ésta a imponerse.

“Está claro que hay una decisión política para pisar el acelerador en verano”, comentó Sánchez Alermida. “Estamos hablando de expedientes que en algunos casos datan de enero”.

Archivo por retirada voluntaria

Por otro lado, la Sección Segunda ha archivado definitivamente tres de los procedimientos iniciados hasta el momento debido a la retirada voluntaria del material que infringía los derechos de propiedad intelectual, confirman desde Cultura.

Uno de estos casos archivados es el procedimiento abierto a Vagos.es, comunicado el 21 de agosto, debido al cierre voluntario de este sitio. Los responsables del popular sitio, que cerró en junio sus forostras la notificación de Cultura, trasladaron sus contenidos al buscador Zasca.com. Es previsible que otros casos similares, como CineTube -que también ha eliminado enlaces- vean también sus casos resueltos de igual manera.

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