El Gobierno aprueba el Real Decreto que regula el pago de compensación por copia privada

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que este Real Decreto regulará y fijará quiénes son los beneficiarios de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser compensados, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes van para soportes sonoros, audiovisuales y libros y la asignación a las entidades de gestión para su posterior reparto.

Según ha apuntado, la cuantía será fijada y abonada a ejercicio vencido y se fijará cada año en los Presupuestos Generales del Estado.

Sáenz de Santamaría ha recordado que una de las primeras medidas aprobadas por Gobierno fue suprimir el canon digital, por el cual las entidades de gestión de derechos de autor recaudaban una serie de cantidades por los aparatos tecnológicos que compraban los ciudadanos.

Esa ley modificó el sistema y lo sustituyó por una compensación equitativa por copia privada a través de los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el Real Decreto aprobado este viernes “permitirá llevar a cabo esa compensación y cumplir con la obligación que impone la normativa comunitaria de abonar la compensación por copia privada a los titulares de los derechos de propiedad intelectual”, en palabras de la vicepresidenta.

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CETA, el nuevo intento taimado de imponer el ACTA. Un autentico asalto a la privacidad en internet

 

Bajo la denominación de CETA (Canada – EU Trade Agreement), nos encontramos ante el intento de colar nuevamente aspectos del ACTA (Acuerdo Multilateral Comercial contra la Falsificación) ampliamente rechazado por el Parlamento Europeo en sesión plenaria del pasado Julio. De este modo, Oculto en forma de cláusulas de otros tratados, el ACTA trata de volver a imponerse tras el masivo rechazo ( 478 votos contra 39 a favor) en la cámara europea del pasado mes de julio.

Con esta taimada estrategia, el comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht, pretende volver a imponer una nueva votación de aspectos ya rechazados no solo por el Parlamento Europeo sino por su ciudadanía movilizada al conocer los términos del acuerdo. Bajo la excusa de la propiedad intelectual, se impone el control de los ciudadanos, la fiscalización completa de su actividad en la red como forma supuestamente preventiva y la desproporción absoluta en la represión de violaciones de dicha supuesta “propiedad intelectual” ya mercantilizada.

El Ministerio de asuntos exteriores de Canadá, avala el acuerdo como un gran paso en la dirección de una mayor libertad comercial entre la Unión Europea y su país, obviando deliberadamente las clausulas que afectan directamente a las libertades de sus respectivos ciudadanos, en un contexto de auténtico uso fraudulento del término libertad, cuando se trata solamente de comercio, con la fragilidad de la recuperación económica como excusa.

La aspiración es que dicho acuerdo este redactado y aprobado antes de fin de año. En su calendario, tiene una próxima reunión el 10 de octubre previa a la ronda final de negociaciones en Bruselas del 10 al 26 de octubre, en la que volverá a ser necesaria la movilización de los que empiezan a conocer los términos de esta.

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Bruselas quiere impulsar la venta de música digital con una normativa común

  • La CE apuesta por medidas concretas como la creación de licencias multiterritoriales de explotación de derechos.
  • El objetivo es promover la distribución legal de las obras audiovisuales a través de Internet, y en especial, de la música.
  • La creación de reglas armonizadas en la UE para todas las entidades de gestión afectaría a unas 250 sociedades europeas de derechos de autor.

Comisión Europea (CE) ha propuestoun marco normativo común para la explotación de los derechos de autor en la UE, con objeto de promover la distribución legal de las obras audiovisuales a través de Internet, y en especial, de la música.

La CE apuesta por medidas concretas como la creación de licencias multiterritoriales de explotación de derechos —válidas para varios Estados miembros o para los Veintisiete— o el establecimiento de normas de transparencia para todas las sociedades colectivas de gestión de la UE.

Estos son algunos de los puntos principales de la propuesta legislativa destinada a aumentar la oferta legal de obras audiovisuales en la UE, solucionar la fragmentación del mercado común debida a las diferentes leyes nacionales y mejorar el funcionamiento de las sociedades de derechos de autor.

“El objetivo es que la propiedad intelectual se adapte a su época, y esta es la del mercado único, de los derechos de autor y de Internet”, afirmó el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, al presentar la directiva en rueda de prensa.

El objetivo es que la propiedad intelectual se adapte a su época, la del mercado único, los derechos de autor e Internet La “explosión” de la música en línea ha provocado que las sociedades de derechos de autor “deban replantearse su papel”, dijo Barnier, quien señaló que antes la función principal de estas entidades era “comprar, proteger y vender” los derechos de autor. “Hoy, como por ejemplo hace iTunes, a la hora de vender una pieza musical en Internet en la UE, es necesario obtener los derechos de autor en 27 países diferentes. Eso es lo que es necesario modificar”, destacó el comisario europeo.

Para ello, Bruselas propone la creación de reglas armonizadas en la UE para todas las entidades de gestión colectiva de derechos en los sectores de la música, audiovisual y editorial, que afectarían a unas 250 sociedades europeas de derechos de autor.

En primer lugar, la normativa común obligaría a todas las entidades de gestión colectiva de derechos a publicar “informes anuales de transparencia”, en los que deberían informar sobre “todos los datos clave” de su gestión, señaló Barnier. Uno de los problemas subyacentes que impide la modernización del sector es “la insuficiente transparencia” de estas sociedades colectivas, subraya la CE en un comunicado, que también destaca la necesidad de “más eficacia” en la colecta y distribución de ingresos derivados de los derechos de autor.

La propuesta también contempla reforzar el papel de los creadores, para garantizar que estos participen en la toma de decisiones de las sociedades y que tienen la posibilidad de elegir libremente la entidad que les representará.

Otra importante novedad —y específica para el sector musical— son las “licencias multiterritoriales de derechos para la distribución en línea”, que ofrecerían la “seguridad jurídica” necesaria para la explotación legal de obras de este tipo a través de Internet, según Barnier. Este tipo de licencias se utilizarían tanto para los servicios de descarga de música como para escucharla a través de streaming (reproducción en línea).

Según la propuesta, los países deberán establecer “autoridades competentes” encargadas de vigilar que las sociedades de derechos de autor ofrecen licencias de este tipo y cumplen la normativa comunitaria. “Proponemos un contrato en el que todas las partes salen ganando, tanto las sociedades de derechos de autor como las empresas,los creadores y los usuarios”, afirmó el comisario europeo.

Las sociedades de gestión colectiva de derechos de la UE facturan cada año 6.000 millones de euros (unos 7.356 millones de dólares) , y la mayor parte de esta cantidad se reparte entre 70 de las aproximadamente 250 entidades de este tipo registradas en los Veintisiete.

Más del 80% de este montante se deriva de creaciones musicales, según datos de la Comisión.

La propuesta legislativa deberá ahora recibir el visto bueno de los Veintisiete y del Parlamento Europeo.

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Europa entierra ACTA

El acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería (ACTA) ha sido rechazado por  goleada: 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones son el resultado de la votación en el pleno del Parlamento Europeo. Ayer todos los grupos a excepción del Partido Popular Europeo (PPE), se pronunciaron en contra del pacto internacional durante un debate en Estrasburgo. Bruselas y los populares llegaron a pedir que se aplazara la votación hasta que el Tribunal de la Unión Europea (UE) aclare si es compatible con las leyes comunitarias, pero sus peticiones no han llegado a buen puerto. Se ha impuesto la tesis de que ACTA era una respuesta inadecuada a un problema real, al contener demasiadas ambigüedades y abrir la puerta a atentados a la privacidad de los consumidores, las libertades y la libre circulación de información.

El estruendoso no de la Eurocámara tendrá repercusiones en las antípodas, dadas las reservas ya expresadas del Parlamento australiano, y reforzará a los críticos en Estados Unidos. Para el sector industrial, del diseño y la creatividad, la votación de la Eurocámara es un error que dañará la propiedad intelectual, el empleo y la economía en Europa.

La votación refleja una movilización sin precedentes de la opinión pública europea, que presionó a favor de su repudio con correos electrónicos, llamadas telefónicas, manifestaciones y hasta con una petición, apoyadas por 2,8 millones de firmas. “El debate de ACTA ha probado que existe una opinión pública europea que trasciende las fronteras”, ha señalado en un comunicado el presidente del Parlamento, el socialista alemán Martin Schulz. “La decisión de rechazar ACTA no se ha tomado a la ligera”.

“La mayoría del Parlamento Europeo cree que ACTA no es la solución adecuada”, ha insistido Schulz. “ACTA es demasiado vago, deja espacio para abusos e inquieta por su impacto en la privacidad de los consumidores, las libertades civiles, la innovación y la libre circulación de información”.

Europa entierra ACTA | Tecnología

La suerte de ACTA en el plenario estaba echada tras su previo rechazo en cinco comisiones parlamentarias, pese a un último intento dilatorio del Partido Popular Europeo para que se esperara al pronunciamiento sobre su acomodo a derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la UE, a petición de la Comisión Europea, firme partidaria del acuerdo, pactado a primeros de año en Tokio con la participación del comisario de Comercio Internacional, Karl de Gucht.

En el debate del martes De Gucht insistió en que “nada hay que temer de ACTA porque no cambia las leyes europeas. Porque si ahora estas leyes no violan los derechos, tampoco lo hará el nuevo tratado”. Fue una defensa abocada al fracaso en vista de la impresión generalizada en los escaños y en la calle de que ACTA es un tratado peligroso porque autoriza a los proveedores de acceso a Internet, con la excusa de combatir la descarga ilegal de ficheros, a proporcionar a los derechos habientes las direcciones IP de los internautas presuntos piratas. “Ese no es el papel de los proveedores de acceso a internet, es muy peligroso”, replicó el ponente de la comisión de Comercio Internacional, el laborista David Martin.

Los europarlamentarios reprochaban al acuerdo que en su justo combate contra las falsificaciones de productos de marca y medicamentos se lanzara también contra determinadas actividades en Internet, en lo que alguno equiparó confundir bolsos con libertades fundamentales.

Tras la votación, un satisfecho Martin ha advertido que será necesario encontrar otros medios para proteger la propiedad intelectual, “la materia prima de la economía de la UE”.

ACTA es demasiado vago, deja espacio para abusos e inquieta por su impacto en la privacidad de los consumidores, las libertades civiles y la innovación

En eso está de acuerdo Anne Bergman-Tahon, directora de la Federación Europea de Editores, una de las 130 entidades europeas que apoyaba el acuerdo. “ACTA es una importante herramienta para promover el empleo y la propiedad intelectual europea”, señala Bergamn-Tahon en un comunicado. “Desgraciadamente el tratado no ha entrado bien en el Parlamento y no se han apreciado sus valiosas aportaciones”.

Este tratado, destinado a reforzar la protección de la propiedad intelectual, lo suscribieron Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur en octubre de 2011. En enero de este año se sumó la Unión Europea, aunque la adhesión estaba supeditada a que se ratificara en el Parlamento, que lo acaba de rechazar por amplia mayoría.

España ya firmó este acuerdo, con gran revuelo, en el mes de enero. Este marco legal que quiere entrar en vigor en todo el mundo provocó la dimisión del principal ponente del tratado en el Parlamento, el eurodiputado Kader Arif.

Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias.

BuscaBolos vía El País

El Tribunal Supremo reitera la vigencia de la Ley Sinde

Se deniega la suspensión cautelar de la Comisión de Propiedad Intelectual a petición de la Red de Empresas de Internet y la Asociación de Internautas.

Madrid, 2 jul (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha denegado de nuevo la suspensión cautelar del decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano que puede interrumpir el servicio de páginas de internet que atenten contra los derechos de propiedad intelectual.

Tras denegar el pasado mes esta suspensión a la Asociación de Internautas, que recurrió la norma que regula la Comisión ante la Sala de lo Contencioso administrativo del TS, el alto tribunal, en un auto notificado hoy, ha adoptado la misma medida con otros de los recurrentes, en concreto la Red de Empresas de Internet (REI).

Para el Supremo, “no procede conceder la medida cautelar solicitada, pues, la suspensión interesada no haría perder la finalidad legítima de este recurso, que versa sobre una Disposición de carácter general, y la medida se proyecta sobre el Capitulo VII del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, y subsidiariamente, de los preceptos concretos respecto de los que este Tribunal considere que concurren los requisitos para la suspensión”

Las asociaciones de internautas consideran que la normativa atribuye a un órgano administrativo (la Comisión de Propiedad Intelectual) competencias asignadas por ley a los jueces. La Comisión incorporó a la labor de mediación y arbitraje que desarrollaba hasta entonces una segunda sección que establece un sistema mixto administrativo-judicial contra las páginas que vulneren la propiedad intelectual con ánimo de lucro o que causen o puedan causar un daño al patrimonio.

Esta sección segunda de la citada comisión, que comenzó su funcionamiento hace cuatro meses, ha iniciado ya varios procedimientos de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en internet tras estudiar las demandas presentadas por sus titulares. Webs como Bajui.com, CineTube o Vagos.es han sido algunos de los primeros objetivos de la Comisión Sinde.

Hasta el momento, ha recibido más de 320 solicitudes de intervención por parte de autores que han denunciado la utilización de sus obras en internet sin su permiso.

Este organismo, adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha desestimado y archivado, una vez finalizado el plazo legal de subsanación de 10 días, un total de 243 solicitudes ya que presentaban faltas o no acompañaban algunos de los documentos preceptivos.

BuscaBolos vía La Vanguardia

La Justicia finlandesa amplía el bloqueo de “The Pirate Bay” a dos operadoras

La orden judicial fue adoptada a petición del capítulo finlandés de la Federación Internacional de Productores Fonográficos (IFPI Finland), una organización que engloba a 23 compañías discográficas, entre ellas multinacionales como Emi, Sony Music Entertainment, Universal Music y Warner.

El bloqueo incluye una treintena de dominios de internet y tres direcciones IP relacionados con el popular portal de descargas sueco, a través del que los usuarios pueden intercambiar música, películas, juegos y otros contenidos digitales.

El pasado octubre, una orden similar obligó a impedir el acceso a “The Pirate Bay” a la compañía Elisa, el mayor operador de internet de Finlandia, y a su filial Saunalahti, por lo que el bloqueo afecta ya a cerca del 80% de los internautas del país nórdico.

Elisa presentó entonces un recurso contra la orden judicial en un tribunal de apelación de Helsinki, que se encuentra aún pendiente de trámite. Según IFPI Finland, “The Pirate Bay” es la página de intercambio de archivos con tecnología BitTorrent más popular del mundo, y Finlandia ocupa el cuarto lugar en número de usuarios, por detrás de Suecia, Croacia y Serbia.

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Los fundadores de “The Pirate Bay” fueron condenados por la justicia sueca en 2009 a penas de cárcel y a pagar indemnizaciones millonarias por violar la propiedad intelectual al facilitar el intercambio ilegal de archivos.

A pesar de que la Corte de Apelación de Estocolmo ratificó las condenas un año más tarde, el portal de descargas no sólo sigue en funcionamiento, sino que tiene más usuarios que nunca entre los internautas finlandeses, denuncia IFPI Finland. Según esta organización, hasta la fecha los tribunales han ordenado a los servidores de internet locales el bloqueo a “The Pirate Bay” en nueve países europeos: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia y Reino Unido.

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EE.UU. quita a España de su lista negra de la piratería.

La decisión fue tomada a partir de los “esfuerzos recientes [de España] con respecto a la protección de la propiedad intelectual”, en concreto por la “aprobación de la llamada Ley Sinde, para combatir la piratería contra los derechos de autor a través de Internet”.

 “EE UU vigilará la aplicación de estas medidas y su eficacia general en el tratamiento de la piratería en Internet”, se asegura en el informe en el apartado relativo a España. “EE UU sigue teniendo serias preocupaciones con respecto al incumplimiento criminal de las leyes de propiedad intelectual, en particular por una circular de 2006 de la Fiscalía General del Estado que parecía descriminalizar el intercambio de archivos P2P, e insta a España a tomar medidas para solucionar ese grave problema”.

China aparece acompañada de otra docena de países, entre los que figuran tres latinoamericanos –Argentina, Chile y Venezuela– y naciones como Argelia, Canadá, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Rusia, Tailandia y Ucrania. En la segunda lista de países “bajo vigilancia”, en la que estaba España hasta ahora, se mantienen otros cuatro países europeos: Italia, Finlandia, Grecia y Noruega.

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Miami: expertos en comunicación analizan la situación de la propiedad intelectual.

Expertos mundiales del sector de la comunicación examinarán en Miami los próximos 2 y 3 de mayo cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y los retos que implican la piratería y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

La III Cumbre de Medios de Comunicación, que este año se centrará en la propiedad intelectual, reunirá a jueces, reconocidos analistas y profesionales del sector procedentes de Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa, así como a representantes del mundo de la política y los medios de comunicación. La inauguración de la reunión contará con la presencia del gobernador de Florida, Rick Scott, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami (UM), Patricia D. White, y el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en América Latina (CERTAL), Jorge Navarrete Martínez.

Organizada por CERTAL y la Federación Latinoamericana de la Magistratura (FLAM), la reunión abordará asuntos de tanta importancia para el sector como la visión de la propiedad privada desde la perspectiva de la magistratura y la libertad de expresión. Entre los participantes anunciados se encuentran Ricardo Recondo, juez federal de la Cámara argentina y expresidente de la Asociación de Magistrados de ese país; Barbel Moser, del Departamento europeo de Desarrollo Internacional Audiovisual; Gustavo Pupo Mayo, presidente de la Asociación de Televisión de los Programadores de América Latina (TAP), y Gustavo López, director de asuntos jurídicos de Discovery.

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