Europa entierra ACTA

El acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería (ACTA) ha sido rechazado por  goleada: 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones son el resultado de la votación en el pleno del Parlamento Europeo. Ayer todos los grupos a excepción del Partido Popular Europeo (PPE), se pronunciaron en contra del pacto internacional durante un debate en Estrasburgo. Bruselas y los populares llegaron a pedir que se aplazara la votación hasta que el Tribunal de la Unión Europea (UE) aclare si es compatible con las leyes comunitarias, pero sus peticiones no han llegado a buen puerto. Se ha impuesto la tesis de que ACTA era una respuesta inadecuada a un problema real, al contener demasiadas ambigüedades y abrir la puerta a atentados a la privacidad de los consumidores, las libertades y la libre circulación de información.

El estruendoso no de la Eurocámara tendrá repercusiones en las antípodas, dadas las reservas ya expresadas del Parlamento australiano, y reforzará a los críticos en Estados Unidos. Para el sector industrial, del diseño y la creatividad, la votación de la Eurocámara es un error que dañará la propiedad intelectual, el empleo y la economía en Europa.

La votación refleja una movilización sin precedentes de la opinión pública europea, que presionó a favor de su repudio con correos electrónicos, llamadas telefónicas, manifestaciones y hasta con una petición, apoyadas por 2,8 millones de firmas. “El debate de ACTA ha probado que existe una opinión pública europea que trasciende las fronteras”, ha señalado en un comunicado el presidente del Parlamento, el socialista alemán Martin Schulz. “La decisión de rechazar ACTA no se ha tomado a la ligera”.

“La mayoría del Parlamento Europeo cree que ACTA no es la solución adecuada”, ha insistido Schulz. “ACTA es demasiado vago, deja espacio para abusos e inquieta por su impacto en la privacidad de los consumidores, las libertades civiles, la innovación y la libre circulación de información”.

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La suerte de ACTA en el plenario estaba echada tras su previo rechazo en cinco comisiones parlamentarias, pese a un último intento dilatorio del Partido Popular Europeo para que se esperara al pronunciamiento sobre su acomodo a derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la UE, a petición de la Comisión Europea, firme partidaria del acuerdo, pactado a primeros de año en Tokio con la participación del comisario de Comercio Internacional, Karl de Gucht.

En el debate del martes De Gucht insistió en que “nada hay que temer de ACTA porque no cambia las leyes europeas. Porque si ahora estas leyes no violan los derechos, tampoco lo hará el nuevo tratado”. Fue una defensa abocada al fracaso en vista de la impresión generalizada en los escaños y en la calle de que ACTA es un tratado peligroso porque autoriza a los proveedores de acceso a Internet, con la excusa de combatir la descarga ilegal de ficheros, a proporcionar a los derechos habientes las direcciones IP de los internautas presuntos piratas. “Ese no es el papel de los proveedores de acceso a internet, es muy peligroso”, replicó el ponente de la comisión de Comercio Internacional, el laborista David Martin.

Los europarlamentarios reprochaban al acuerdo que en su justo combate contra las falsificaciones de productos de marca y medicamentos se lanzara también contra determinadas actividades en Internet, en lo que alguno equiparó confundir bolsos con libertades fundamentales.

Tras la votación, un satisfecho Martin ha advertido que será necesario encontrar otros medios para proteger la propiedad intelectual, “la materia prima de la economía de la UE”.

ACTA es demasiado vago, deja espacio para abusos e inquieta por su impacto en la privacidad de los consumidores, las libertades civiles y la innovación

En eso está de acuerdo Anne Bergman-Tahon, directora de la Federación Europea de Editores, una de las 130 entidades europeas que apoyaba el acuerdo. “ACTA es una importante herramienta para promover el empleo y la propiedad intelectual europea”, señala Bergamn-Tahon en un comunicado. “Desgraciadamente el tratado no ha entrado bien en el Parlamento y no se han apreciado sus valiosas aportaciones”.

Este tratado, destinado a reforzar la protección de la propiedad intelectual, lo suscribieron Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur en octubre de 2011. En enero de este año se sumó la Unión Europea, aunque la adhesión estaba supeditada a que se ratificara en el Parlamento, que lo acaba de rechazar por amplia mayoría.

España ya firmó este acuerdo, con gran revuelo, en el mes de enero. Este marco legal que quiere entrar en vigor en todo el mundo provocó la dimisión del principal ponente del tratado en el Parlamento, el eurodiputado Kader Arif.

Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias.

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La comisión de Comercio de la eurocámara rechaza ACTA

Cinco de cinco. Por quinta vez, una comisión del parlamento europeo dice No al acuerdo internacional contra la piratería en la red (ACTA). En esta ocasión ha sido la comisión de Comercio Internacional que, por 19 votos a favor y 12 en contra, ha recomendado al pleno de la Eurocámara que tumbe el acuerdo definitivamente.

Los eurodiputados socialistas y demócratas, liberales, verdes y el grupo de la Izquierda Unitaria Europea han votado en bloque en contra el acuerdo internacional, mientras que los representantes del Partido Popular Europeo y del grupo de los conservadores y reformistas han rechazado el informe por entender que se debería esperar a conocer el dictamen que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la legalidad o no del acuerdo antes de someterlo a votación en sesión plenaria.

Es la quinta votación en contra, después de que anteriormente ya lo hayan rechazado la comisión de Libertades Civiles, la de Industria, la de Desarrollo e incluso la de Asuntos Legales, que suela velar por la salvaguarda de los derechos de autor. En todos los casos, el principal argumento contra ACTA es que se ponen en peligro derechos civiles de los ciudadanos. Además, como concluyó la comisión de Desarrollo, “la represión no es la mejor herramienta para las economías emergentes”.

ACTA, fue firmada en Japón el 26 de enero por 22 de los 27 estados de la Unión Europea, entre ellos España, además de Estados Unidos y Japón. La sorpresa de la firma de poco valió ante las crecientes protestas populares. Las dudas sobre la restricción de derechos civiles empezaron a minar el futuro de este acuerdo, que fue rechazado por varios parlamentos nacionales.

En febrero, ante el vendaval de críticas que estaba recibiendo, la comisión europea pidió al Tribunal de Estrasburgo que examinara el acuerdo internacional, para garantizar que “la aplicación de ACTA es totalmente compatible con la libertad de expresión y con la libertad de Internet”. Un fallo que  puede demorarse un año. Tres meses después la vicepresidente de la Comisión dijo: “Es probable que estemos en un mundo sin SOPA ni ACTA”.

Los principales argumentos de los eurodiputados para rechazar el acuerdo antipiratería es que no garantiza a su juicio el equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual, la libertad de empresa, la protección de datos personales y la libertad para recibir o dar información. También  critican que los derechos de propiedad intelectual tal y como los contempla ACTA no responden a las especificidades de cada sector y ello podría traducirse en incertidumbre para las empresas europeas.

El ponente del informe votado este jueves, el eurodiputado socialista británico David Martin, ha reconocido su “satisfacción” por el rechazo al ACTA, igual que el eurodiputado de ICV, Raül Romeva, que ha criticado “los intentos de retrasar la votación y la presión” y ha confiado en que el pleno vote el acuerdo “antes del verano” para poder “poner fin al proceso de ratificación de ACTA”.

“Gracias a la movilización masiva de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, estamos a punto de rechazar definitivamente ACTA. Hoy hemos avanzado en el rechazo del ACTA y se confirmó que el acuerdo plantea una grave amenaza para la garantía de los derechos fundamentales”, ha recalcado el catalán, que ha instado a la ciudadanía a no bajar la guardia y a continuar sus movilizaciones “para que ACTA sea finalmente enterrado”.

El eurodiputado liberal italiano, Niccolo Rinaldi, ha celebrado el rechazo al ACTA de hoy porque demuestra en su opinión que “la voz de los ciudadanos cuenta” y ha criticado que la Comisión Europea firmara el acuerdo sin haber hecho las “clarificaciones” pertinentes y “un análisis de impacto completo” del mismo en octubre de 2010.

El pleno de la Eurocámara tiene “en principio” previsto someter a votación el acuerdo antipiratería el próximo 4 de julio en Estrasburgo, según consta en la agenda provisional del orden del día del pleno. La decisión definitiva sobre si va al pleno o no finalmente se sabrá el próximo jueves, una vez lo decidan el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y los líderes de los distintos grupos parlamentarios en el marco de la Conferencia de Presidentes preparatoria de las sesiones plenarias.

Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros.

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