Rajoy mantiene el canon digital

Años atrás, cuando el polémico canon digital levantaba ampollas en la opinión pública, tras su extensión a todo tipo de dispositivos tecnológicos –desde móviles hasta mp3– por parte del anterior Gobierno socialista, Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, manifestó en diversas ocasiones su rechazo a esta tasa que favorece injustamente los intereses de los autores en detrimento de los intereses del conjunto de la ciudadanía.

La ilegitimidad y el abuso de este sistema quedaron patentes, de una vez por todas, cuando, en 2010, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el canon digital aplicado en España era manifiestamente ilegal, ya que se cobraba de forma indiscriminada, independientemente de si dichos dispositivos y soportes se usaban o no para reproducir o almacenar contenidos protegidos bajo el paraguas de la propiedad intelectual. El referido tribunal obligaba, pues, a modificar este sistema, abriendo además la puerta a que empresas, profesionales y administraciones públicas reclamaran la devolución del canon ya pagado a las entidades de gestión de derechos de autor, cuyo máximo exponente es la ya famosa SGAE.

Pero, una vez más, parece que el Ejecutivo, ahora en manos del propio Rajoy, se decantará por los intereses económicos de los artistas. Así, lejos de eliminar por completo el famoso canon, se dispone, simplemente, a sustituirlo mediante el reparto de cuantiosas y generosas subvenciones públicas entre los autores, que se incluirán en una partida específica de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio de Cultura ha elaborado un borrador de real decreto que, en caso de aprobarse, cargará sobre los hombros de todos los contribuyentes el pago del odioso canon. Es decir, ya no serán los consumidores los que abonen la factura mediante la compra de dispositivos tecnológicos, CD o DVD, sino todos los españoles mediante el pago de impuestos. El Gobierno opta así por cambiar el anterior sistema, injusto y perverso, por otro aún más abusivo e indiscriminado. Muy lejos quedará, pues, ese hipócrita rechazo al canon digital expresado en su día por la cúpula del PP.

Lo más grave, si cabe, es que, además, se pretende impedir cualquier tipo de reclamación judicial para que los usuarios que pagaron el anterior canon ilegal (empresas, profesionales y administraciones públicas) soliciten la devolución de esta tasa a las entidades de gestión. Esto no sólo vulnera la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sino que perpetúa la injusticia cometida con decenas de miles de consumidores, obligados a abonar una tasa que no les correspondía pagar. De hecho, de los casi 800 millones de euros que recaudó el canon desde 2003, varias decenas de millones fueron abonadas indebidamente por las propias Administraciones públicas, con dinero de todos los españoles. Pues bien, el Gobierno prefiere ahora renunciar a la devolución de ese dinero con tal de no perjudicar al colectivo de artistas, lo cual evidencia la ausencia total del denominado “interés general”.

El trasfondo de este asunto va más allá de la aplicación de uno (canon digital) u otro sistema de cobro (impuestos para favorecer a unos pocos autores, los que máas venden). La clave radica en la propia legitimidad de la propiedad intelectual. La irrupción de nuevos dispositivos tecnológicos ha revolucionado por completo un negocio, el audiovisual, que está destinado a morir con el devenir de los tiempos. El canon es tan sólo un invento, una farsa legal para mantener los privilegios de una selecta casta, en contra de los intereses de la mayoría. El canon no debe ser sustituido; debe, simplemente, ser eliminado.

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La copia privada, el canon digital  en España

El 18 de diciembre de 2007, se empezó a aplicar el canon a las grabadoras de CD y DVD, a los MP3 y MP4, a los teléfonos móviles y a los PDA, entre otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir música,2 todo esto como resultado de un nuevo acuerdo entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (con la SGAE al frente) y ASIMELEC. Esto provocó una gran polémica al resultar evidente que estos soportes se usan con frecuencia para otros fines ajenos a la copia privada, y porque dicho acuerdo se negoció sin la participación ni presencia de consumidores y autoridades. En general, se trata de una ley impopular, interpretada por los usuarios como un intento “injusto” de compensar a las compañías discográficas del perjuicio que les supone la obtención gratuita de obras artísticas sin la obtención del lucro que legalmente les corresponde.

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Copia privada, canon digital según la SGAE 

Según la Ley de Propiedad Intelectual una obra ya divulgada puede ser reproducida sin autorización del autor cuando dicha reproducción se hace “para uso privado del copista” y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.

Por tanto, un usuario particular no tiene que solicitar autorización del autor/es de una obra musical o audiovisual cada vez que graba la misma para su propio uso, y sin que vaya a ser objeto de negocio.

Pero esta reproducción autorizada por Ley, genera una remuneración compensatoria por copia privada, que está regulada también en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual y que está destinada a compensar la pérdida de ingresos que, para los titulares de una obra musical o audiovisual genera esta posibilidad de hacer copias de las mismas para uso privado. Es obvio que cada vez que se hace una copia de un disco para uso privado, se deja de vender un ejemplar del mismo, por lo que hay que compensar de alguna manera a los titulares de las obras contenidas en el mismo, por los ingresos que dejan de percibir.

Artículos sujetos:

Están sujetos al pago de la remuneración compensatoria por copia privada todos los equipos, aparatos y materiales idóneos para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales. Ejemplos: un radio-cassette grabador, un equipo grabador de CD’s, un equipo grabador de vídeos, una cinta cassette, un videocassette, un CD-R tanto “audio” como “data”, un DVD-audio y un DVD-vídeo.

Obligados al pago:

En primer lugar, los obligados al pago son los fabricantes e importadores de los equipos, aparatos y materiales que sirven para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales. No obstante, la Ley de Propiedad Intelectual considera responsables solidarios del pago de la remuneración a los distribuidores, mayoristas y minoristas sucesivos adquirentes, si en la factura de sus proveedores no aparece desglosado el importe de la remuneración.

Liquidaciones

Los deudores principales de la remuneración compensatoria por copia privada (enlace con párrafo anterior) deben presentar, según el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual una declaración-liquidación conteniendo el número de equipos, aparatos y/o materiales sujetos al pago de la remuneración, que hayan sido vendidos durante ese periodo trimestral, haciendo constar en la declaración-liquidación las características técnicas de los citados productos objeto de liquidación.

Existe a disposición de nuestros usuarios, un formulario para facilitar la presentación de estas declaraciones-liquidaciones en el apartado ‘Qué es’ de esta área de Liquidaciones.

Plazos de presentación:

Los plazos de presentación de liquidaciones son los siguientes:

  • primer trimestre del año: del 1 al 30 de abril
  • segundo trimestre del año:del 1 al 31 de julio
  • tercer trimestre del año: del 1 al 31 de octubre
  • cuarto trimestre del año: del 1 al 31 de enero del año siguiente

Una vez recibida la liquidación en la sección de Copia Privada de SGAE, se procede a emitir las facturas correspondientes y a enviárselas al usuario para su abono, que deberá ser realizado, según la Ley de Propiedad Intelectual, dentro del mes siguiente al de la presentación de liquidaciones.

Exenciones:

La Ley de Propiedad Intelectual sólo establece dos excepciones al pago de la remuneración compensatoria por copia privada:

  • Los productores de fonogramas y videogramas
  • Las entidades de radiodifusión

En ambos casos, la exención se aplica solamente al material adquirido con destino al uso de su actividad, y siempre que cuenten con la debida autorización para llevar a cabo la reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas. Para demostrar que cuentan con esta autorización, deberán presentar a sus suministradores de material sujeto un certificado de SGAE en el que conste que cuentan con la referida autorización.

Preguntas y respuestas más frecuentes (FAQS)

Si una empresa vende 1000 cintas de vídeo, declara y abona la remuneración por copia privada y posteriormente le devuelve su cliente 500 cintas ¿Le devuelve la SGAE la remuneración declarada y abonada?

Según la Ley de Propiedad Intelectual, la obligación de declarar y abonar la remuneración compensatoria por copia privada surge en el momento de vender el material sujeto, es decir, en el momento de transmitir la propiedad del mismo. Por tanto, las entidades de gestión no tienen que devolver la remuneración abonada. Lo que debe hacer la empresa del ejemplo cuando venda esa parte de material devuelto, es no volver a declarar el canon sobre el mismo.

¿Cuáles son las obligaciones de los sucesivos adquirentes de los productos sujetos a la remuneración, es decir, de los distribuidores, mayoristas y minoristas?

  • 1) No aceptar ninguna factura en la que no aparezca desglosado el importe de la remuneración
  • 2) Hacer constar en las facturas de sus clientes, debidamente desglosado, el importe de la remuneración.

En el caso de una empresa que fabrique materiales sujetos y destine parte de ellos a la exportación ¿deberá abonar la remuneración por copia privada sobre todo el material vendido cada trimestre?

No, solamente es obligatorio el pago de la remuneración sobre los equipos, aparatos y materiales vendidos dentro del territorio español; las unidades destinadas a la exportación no están sujetas al pago de la remuneración.

¿Existe alguna otra obligación de los deudores de la remuneración por copia privada, para con la SGAE? Sí, deberán facilitar a SGAE la comprobación de las operaciones sometidas a la remuneración compensatoria por copia privada.

Dado que las facturas trimestrales se elaboran en función de las liquidaciones presentadas por los propios usuarios, es necesario la comprobación posterior de las citadas liquidaciones, así como la constatación de que se ha hecho figurar en las facturas el importe de la remuneración.

BuscaBolos vía SGAE

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