“España tiene uno de los peores problemas de piratería de la UE”, aseguraban desde la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), un conglomerado estadounidense de creadores que pidió en febrero que el país volviera a entrar –había por fin salido en 2012- en la lista negra de la piratería informática, la temida 301. Sin embargo, el informe que se acaba de publicar deja finalmente a España fuera de la lista negra. Eso sí, la Oficina de Comercio estadounidense, responsable del estudio, especifica que elaborará una serie de informes para asesorar al país en cuestiones de propiedad intelectual en Internet.

En el informe de este año se recoge el interés de las autoridades estadounidenses para trabajar con España con el objetivo de “reforzar” las actuales legislaciones en este apartado. En concreto, se centrarán en ofrecer “protección” ante la falta de medidas tecnológicas contra esta actividad. “Creemos que España está dando pasos en los últimos años contra la piratería en Internet, aún así tenemos dudas respecto a las infracciones que aún se producen en el mercado digital”, reconocen Brian Quinn, portavoz de la Oficina de Comercio. “Sabemos que el Gobierno llevará a cabo acciones adicionales y nuestro informes se centrarán en estos progresos que España irá haciendo”.

“El Gobierno ha demostrado su compromiso con la defensa de la Propiedad Intelectual en Internet a través de la mejora de un marco normativo en el que estamos trabajando, como es el de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en dos fases (una primera parcial y una segunda reforma de mayor calado) y con el refuerzo de los trabajos de la Comisión de Propiedad Intelectual”, ha declarado el ministro de Cultura José Ignacio Wert en un comunicado al conocer la noticia. En concreto, el Ejecutivo se ha propuesto reformar la Ley de Propiedad Intelectual, aunque el proceso avanza a cámara lenta. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de marzo un anteproyecto de reforma parcial de la normativa que, aparte de suscitar las protestas de las entidades de gestión por no haber sido consultadas, se propone atacar con más fuerza las webs de enlaces (aquellas que proporcionan direcciones online para acceder a las páginas de descarga de contenidos). El Gobierno quiere que la ley entre en vigor a final de año.

“Somos conscientes de los esfuerzos que el Gobierno español planea hacer este año [2013] para reforzar la capacidad de los organismos competentes de llevar a cabo acciones más efectivas contra la piratería”, continuaba el documento de la IIPA. “Contrariamente a las expectativas que rodearon la implementación de la ley Sinde, que condujo a España a la salida de la lista, no mostró desarrollos positivos en 2012”, criticaba este conglomerado estadounidense de creadores con una influencia sobre el Gobierno abrumadora.

La ley Sinde-Wert y el trabajo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, encargada de perseguir las violaciones del derecho de autor en la Red ha resuelto en un año 50 casos. “Debemos ser conscientes de que la piratería es un problema global que tenemos que abordar de manera conjunta, en un enfoque de cooperación entre los Estados utilizando los foros adecuados para ello: la OMC, la OMPI y, ahora también, aprovechando las negociaciones de acuerdo de libre cambio entre la Unión Europea y Estados Unidos para superar enfoques bilaterales”, continúa el ministro en su comunicado.

El propio Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, reconoció en diciembre del año pasado que la Comisión de Propiedad Intelectual no funciona “todo lo bien que debería”. Mariano Rajoy mantuvo un encuentro en febrero con Christopher Dodd, el presidente de Motion Picture Association (el lobby de la industria del cine estadounidense), a petición del segundo, preocupado por la piratería en España.

La lista 301

El documento, en el que aparecen prácticamente cada año países como China y Rusia, regaña a los Estados que son menos efectivos en la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Lo que no es solo una cuestión de imagen internacional, ya que EE UU se reserva el derecho de imponer sanciones comerciales a los países que pasen demasiado tiempo bajo su lupa. España lleva cuatro de los últimos cinco años como observada especial.

Ucrania se convierte en el mayor quebradero de cabeza del Gobierno estadounidense al tratarse del único país en la categoría prioritaria (Priority Foreign Country). Algeria, Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela conforman el segundo grupo al que la Oficina de Comercio tendrá más monitorizados.  Barbados, Belarus, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá -Estados Unidos valora favorablemente su esfuerzo en la materia-, Colombia, Costa Rica, República Dominica, Ecuador, Egipto, Finlandia, Grecia, Guatemala, Israel, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, México, Paraguay, Perú, Filipinas, Rumania, Tajikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam representan el tercer nivel de observación, el más bajo, del informe.

Brunei y Noruega son los dos únicos países que salen del informe 301.

El Salvador, junto a España, pasa a formar parte de esa cuarta categoría oficiosa. La institución se limitará a informar a ambos países en cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

vía El País